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2017
bloqueaba la ratificación del Convenio, las organizaciones indígenas lo veían como una herramienta
contra la expansión tanto de la producción minera (en el norte del país) como de las grandes obras de
infraestructura energética, así como de la producción forestal para exportación en manos de grandes
empresas en el sur (Miller, 2014). El gobierno impulsó el Convenio, pero luego de su ratificación
estableció normas administrativas que restringían su aplicación y el debate se desplazó hacia la
implementación (Centro de Políticas Públicas UC, 2015). Así, aunque los conflictos impulsaron el debate,
las características de la reforma legal no aparecen directamente vinculadas a estos, sino que responden
más bien a las características del arreglo político existente en el país.
Un caso específico de impacto sobre la normativa nacional, que incluso requería modificaciones
constitucionales, y que nació y se desarrolló directamente a partir de una movilización territorial
indígena es el de la Ley de Espacio Marítimo Costero para los Pueblos Originarios, aprobaba en 2007 en
Chile. Dicha ley, conocida como “ley lafkenche” establece la prevalencia de los derechos indígenas sobre
el territorio marítimo (o “maritorio”) a aquellas comunidades que puedan demostrar uso
consuetudinario de los recursos del mar (Delamaza y Flores, 2012). Fue impulsada y negociada
directamente por la organización Identidad Territorial Lafkenche, que agrupa a las comunidades
indígenas de la costa de Tirúa, al sur del Golfo de Arauco, en la región del Bío Bío. Aquí el componente
de movilización contenciosa es menos relevante que la fortaleza organizacional, el uso estratégico de las
oportunidades políticas y la conquista de apoyos transversales en los decisores políticos (Delamaza,
Robles y Montecinos, 2011)
Otro caso que es posible mencionar en Chile es el de la política energética formulada entre 2014 y 2016.
A pesar que en el estudio sobre Patagonia sin Represas ya citado se señala que “
despite these positive
outcomes, the Patagonia Defense Council was not able to alter Chile’s general policy towards large-scale
hydropower generation
” (Silva, 2016, pp. 18), lo cierto es que la actual política reduce significativamente
el peso de las grandes centrales, en beneficio de las minicentrales o centrales de pasada y el incremento
de la producción de energías renovables (Maillet, 2017)
. 11La reformulación política incluyó también una
modificación institucional en el Ministerio de Energía, por medio de la creación de una División de
11
También se ha estudiado el impacto de la movilización producida en contra de la destrucción de glaciares por parte del
proyecto binacional Pascua Lama (de la minera Barrick Gold) en el norte de Chile, en la discusión legislativa de la Ley de
Protección de Glaciares (Cortez, 2016). Si bien es posible establecer el nexo, principalmente en la presentación del proyecto de
ley, la tramitación legislativa parece haber omitido la gran mayoría de los asuntos que interesaban a los habitantes movilizados en
contra de la intervención de los glaciares en Pascua Lama.
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