ICS Working Papers Nº2/2017

24 / 36

ICS WORKI NG PA PERS 2017
política (Ibíd.). La reflexión aplica también a la ya descrita tramitación del Convenio 169 de la OIT en el
caso chileno.
El punto anterior obliga a reflexionar sobre la economía política de los conflictos y diferenciar entre
diversas áreas de política y sus respectivas dificultades y oportunidades. No es sólo que la estructura de
oportunidades políticas varía en el tiempo, dando mayor o menor posibilidad de impacto a
determinados conflictos. Es también que las políticas públicas están más o menos incrustadas
(embedded) con los modelos de desarrollo y los arreglos políticos globales.
La pluralidad de actores involucrada en los conflictos y el carácter de las coaliciones, que muchas veces
incluyen actores institucionales, así como vínculos a redes internacionales es un factor a considerar en el
impacto que pueden tener dichos conflictos, particularmente respecto de la “transmisión” o
“contaminación” que se produce entre diversos conflictos, en cuanto a la efectividad de determinadas
estrategias y el aprendizaje colectivo, tal como se mencionó en el caso de Tambogrande y el uso de la
consulta popular (que fue apoyada con recursos de Oxfam UK).
Otro aspecto relevante de considerar es el carácter multiescalar y las diversas formas de
(des)articulación entre las escalas de acción (y los actores que en ellas operan). Especial importancia
adquiere en las posibles consecuencias de los conflictos la variable internacional, por varias razones. En
ocasiones algunas de ellas favorecen la actuación de las coaliciones locales frente a las políticas de los
gobiernos. Ello se evidencia en el caso de las industrias extractivas, que son privilegiadas como fuente de
ingresos por los estados, que ejercen presión sobre las comunidades locales para garantizar su
desarrollo Son múltiples los ejemplos donde se ha acudido a instancias internacionales con el fin de
moderar o condicionar la presión gubernamental. Pero, al mismo tiempo, los condicionamientos
internacionales –como acuerdos de libre comercio, garantía a las inversiones, préstamos de los
14 El modelo de efectos combinados plantea de un modo algo más esquemático las siguientes hipótesis que condicionarían el
impacto en las políticas públicas: “la presencia de aliados poderosos en la arena institucional o la opinión pública o por ambos
factores simultáneamente” y “la naturaleza de las reivindicaciones: cuanto más conflictivas las reivindicaciones y más centrales
las áreas de política en juego, menores las probabilidades del movimiento de obtener éxito” (Giugni, 1998, citado por Tatagiba y
Teixeira, 2016: 18).
15 A la justificación de la inversión extranjera directa como fuente de ingresos utilizada por los gobiernos neoliberales, se ha
sumado la del “neoextractivismo” de los gobiernos de izquierda, que plantean la utilidad de la industria extractiva para financiar
el desarrollo nacional y la redistribución de ingresos (Gudynas, 2012).
16 Ya en 1999 en el conflicto producido entre las comunidades indígenas del Alto Bío Bío en el sur de Chile, con el proyecto de
centrales hidroeléctricas promovido por una empresa energética internacional con el apoyo del Estado chileno enfrentó un
condicionamiento económico de parte de la Corporación Financiera Internacional, ligada al Banco Mundial, que obligó al
gobierno chileno y a la empresa a cambiar sus estrategias. Algo similar sucedió con la denuncia realizada por los ecologistas
chilenos sobre la explotación forestal publicada en portada del New York Times, que precipitó la negociación de un acuerdo de
certificación de las empresas forestales con el Forest Stewardship Council (Delamaza, 2012).
22