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2017
gubernamental de construcción de una carretera transamazónica que atraviesa la reserva natural y
territorios indígenas (Barros, 2013). La dinámica del conflicto se parece en gran medida a otras de la
región, como Tambogrande, pero difiere en sus resultados, puesto que la coalición opuesta a la
carretera no logra detener la iniciativa gubernamental. Ello ocurre a pesar de que la movilización
coincide con el momento de mayor visibilidad internacional del discurso político del “buen vivir” y el
reconocimiento de los derechos indígenas en Bolivia (De la Fuente, 2017). Mientras los grupos que
participan efectivamente del poder político –como las cooperativas mineras- tienden a la
corporativización, los movimientos socio-territoriales experimentan severas limitaciones en su proceso
de politización (Quiroga, 2017).
En Colombia, luego de un período de fuerte expansión de la frontera minera avalada por una definición
gubernamental de la minería como “locomotora económica” del país, se sucedieron múltiples conflictos
en diversas localidades con baja presencia previa de la minería. La utilización de consultas populares por
parte de autoridades locales llevó a una contienda de competencias con el ejecutivo. En un fallo de
2014, la Corte Constitucional establece que las autoridades nivel nacional deberán acordar con
autoridades territoriales medidas para protección del ambiente y el licenciamiento, aplicando principios
de coordinación, concurrencia y subsidiaridad. Al mismo tiempo se avaló el derecho de las autoridades
locales a realizar consultas sobre temas mineros. Este fallo obligó al gobierno a elaborar un Plan
Nacional de Ordenamiento Minero con participación de comunidades locales (González, 2017). La
particularidad del caso es la intervención de la Corte Constitucional como reguladora del conflicto
político-institucional, lo que da una proyección nacional a los conflictos locales. No puede considerarse
que ello altere al sistema político, pero modifica las condiciones en que se procesa la actividad minera y
las iniciativas locales.
Lo usual es que los cambios que se producen como consecuencia, al menos parcial, de los conflictos
socio-territoriales no alcancen una envergadura política global, afectando a los modelos de desarrollo.
En Chile Silva (2016) analiza el caso de la Campaña “Patagonia sin Represas” contra la instalación de
centrales hidroeléctricas en el extremo sur del país (Hydroaysén), que tuvo un enorme éxito en detener
un mega proyecto que contaba con apoyo internacional y del Estado chileno. A pesar de ello, según al
autor ni ese movimiento ni los demás han logrado modificar el panorama general de la política
energética ni el modelo extractivista que demanda la realización de proyectos como Hydroaysén. De
acuerdo a este autor, ello dependería de los “efectos acumulativos de las luchas locales” (2016: 19), un
aspecto escasamente estudiado, que concordamos en su importancia. En el caso de Perú, Maritza
Paredes indica que los conflictos en torno a la minería se “glocalizan”, lo cual, en el plano nacional
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