20 / 36
ICS
W
O
R
K
I
N
G
P
A
P
E
R
S
2017
implica que “logran poner en la agenda nacional temas controversiales importantes”, como el derecho a
la consulta o la imparcialidad de una autoridad ambiental, pero sin construir nuevas estructuras
convergentes de identidad política y organizacional que trasciendan el nivel local y que puedan asegurar
un efectivo seguimiento y negociación de esas agendas” (2009: 138). Sin embargo, aún cuando modelos
globales o estructuras convergentes no sean consecuencias frecuentes, sí se producen consecuencias
sobre ámbitos sectoriales, que a su vez en ocasiones también escalan, como se verá en el siguiente
apartado.
Las consecuencias sobre las políticas públicas
El análisis
anterior no implica que los conflictos no tengan un impacto sobre las políticas públicas, tanto
en su orientación general (
agenda setting
) como en aspectos sectoriales, nuevos mecanismos más
inclusivos, etc. La literatura centrada en la crítica global del extractivismo lo considera un fenómeno de
larga duración, proveniente desde la colonia y tiende a subestimar este tipo de logros o, en el mejor de
los casos, considerarlos como estrategias destinadas a contener o manipular los procesos de
“resistencia” de las comunidades (Roa y Navas, 2014). Sin embargo desde el punto de vista de las
comunidades afectadas o de la evolución de la agenda política, se pueden advertir transformaciones
significativas en las agendas y prácticas de las políticas públicas que luego generan también diversos
tipos de respuesta desde las localidades. Un caso específico es la ya mencionada consagración de la
consulta previa, libre e informada en relación a los territorios habitados por comunidades indígenas,
pero que ha tenido también otras aplicaciones más amplias. El derecho a consulta, basado en el
Convenio 169 de la OIT fue ratificado por Colombia desde hace ya unos veinte años y no puede
considerarse propiamente un resultado de los conflictos territoriales, que más bien se intensificaron
durante el período de aplicación del convenio. En el caso de Perú y Chile, en cambio, su ratificación fue
mucho más reciente. En Perú como parte de una nueva política hacia los conflictos relacionados con la
minería del presidente Ollanta Humala en oposición a su antecesor Alan García (Arce, 2015, pp. 207).
Fue la crisis detonada por los sucesos violentos ocurridos en el Baguá en la selva amazónica en 2009, la
que movilizó una respuesta política que modificó las reglas del juego (Panfichi y Coronel, 2015). En Chile
el proyecto había sido presentado originalmente a comienzos de los años noventa, como parte de los
acuerdos alcanzados entre las fuerzas democráticas y el movimiento indígena, pero demoró en el
congreso hasta 2008 y se aprecia ostensiblemente que el impulso y la negociación política que lo hizo
posible estuvo fuertemente ligada a los conflictos por territorio indígena. Mientras la oposición política
18