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2017
Introducción
El auge del extractivismo y la economía basada en los recursos naturales produjo un período de
acelerado crecimiento económico, pero al mismo tiempo acarreó profundas transformaciones en los
territorios –especialmente rurales- de América Latina y multiplicó los conflictos originados en los
territorios (Haarstadt, 2012; Svampa, 2013). Una proporción importante de dichos conflictos han girado
en torno a la minería, los hidrocarburos y la energía (Bebbington & Bury, 2013; Delamaza, Maillet &
Martínez, 2017; Li, 2015; Quiroga
et al
., 2012; Ulloa y Coronado, 2016) y el agua (Panfichi y Coronel,
2011; Boelens, Cremers & Zwarteveen, 2011). Pero también a partir de ello, se han producido conflictos
en relación al ordenamiento político de las regiones y sus competencias (Penaglia, Valenzuela &
Basaure, 2016; Quiroga
et al
., 2012). Nuevo tipo de actores sociales, nuevos lugares –muchas veces
apartados de los grandes centros urbanos- y nuevos temas han aparecido en el panorama social y
político de la región, modificando lo que fueran las pautas históricas durante el largo período del Estado
desarrollista, así como de la desarticulación que acompañó a la implantación del neoliberalismo en la
región. No se trata solamente del incremento de las protestas ligadas a problemas medioambientales o
de otro tipo. Mas allá de eventos de protesta, la extensión de estos conflictos por amplias zonas de cada
país, su continuidad en el tiempo, la amplitud de los actores concernidos en ellas, la diversidad de
escalas territoriales en que algunos de ellos se despliegan, así como la variedad y significación de los
problemas en cuestión para los territorios, permiten considerarlos como una forma de acción colectiva
importante en sí misma. Con similitudes respecto del concepto de movimientos sociales, se trata sin
embargo de conflictos que tienen también especificidades que identificaremos, puesto que tienen
relevancia para al ángulo específico de este trabajo: las consecuencias políticas de los conflictos.
El texto analiza las consecuencias políticas de los conflictos locales en torno a asuntos territoriales, que
denominaremos simplemente conflictos socio-territoriales. Consecuencias tanto en lo que toca a las
modificaciones institucionales y la implementación de políticas públicas, como a los cambios en las
relaciones de poder entre los actores de los mismos territorios donde surgen los conflictos. Incorpora
evidencia empírica de cuatro países de la región, con el objetivo de desarrollar una conceptualización
útil para una visión agregada de las consecuencias políticas de conflictividad local. Analizar de que
manera las transformaciones de la acción colectiva surgidas del contexto señalado influyen sobre los
resultados de la misma, permitirá enriquecer un campo de investigación relativamente menos
estudiado, así como proponer agendas de investigación futura.
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